El gobierno de Fidel Castro ha comprendido que los escritores cubanos ya no pueden escribir alabanzas a la Revolución. A cambio de esta licencia, ese mismo gobierno exige que la literatura nunca critique frontalmente el régimen político de la isla, ni cuestione la figura de su líder máximo. Pero no basta con que los escritores se abstengan de introducir críticas políticas en sus obras: tampoco podrán ventilarlas en la opinión pública. De manera que el nuevo pacto entre los intelectuales y el poder en Cuba se basa en que los escritores gozarán de todos los beneficios del Estado —publicaciones, difusión, agencias editoriales, premios, reconocimiento, viajes...— mientras no disientan del liderazgo de Fidel Castro ni del sistema político de la isla.
La mayoría de los escritores cubanos ha aceptado ese acuerdo. Algunos, como Cintio Vitier, Roberto Fernández Retamar, Miguel Barnet o Pablo Armando Fernández, se acogen a dicha transacción porque admiran a Fidel Castro y creen en las virtudes de su régimen. Otros, como Antón Arrufat, César López, Leonardo Padura o Abilio Estévez, reservan sus críticas para el espacio privado, a cambio de la seguridad que necesitan para producir sus obras. Sólo unos pocos, como Raúl Rivero y Antonio José Ponte, se han atrevido a incorporar la crítica del régimen a un perfil de intelectual público, capaz de crear un arte literario y, a la vez, asumir las demandas de una responsabilidad histórica.
(Las lecciones de Guadalajara. Letras Libres, enero 2003)
Parece que en la distancia no se puede apreciar debidamente el paisaje. Rafael Rojas no está muy al tanto de lo que se escribe y se publica en Cuba. Qué pena, un intelectual tan serio
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